O crime perfeito contra Lugo
Por Clóvis Rossi, na Folha
Peça de acusação contra paraguaio diz que não é preciso apresentar provas. Como defender-se?
O sociólogo Felippe Ramos (Universidade Federal da Bahia) fez para o site da revista “América Economia” o que os jornalistas deveríamos ter feito antes: visitou a peça de acusação que serviu para o fuzilamento sumário do presidente Fernando Lugo.
Fica evidente que Lugo estava condenado de antemão. No item “provas que sustentam a acusação”, se diz que “todas as causas [para o impeachment] são de notoriedade pública, motivo pelo qual não precisam ser provadas, conforme o ordenamento jurídico vigente”.
Como é que Lugo -ou qualquer outra pessoa- poderia provar o contrário do que não precisa ser provado? Impossível, certo?
O processo pode até ter seguido as regras constitucionais e o “ordenamento jurídico vigente”, mas, nos termos em que foi colocada a acusação, só pode ser chamado de farsa. Veja-se, por exemplo, a primeira das acusações: Lugo teria autorizado uma reunião política de jovens no Comando de Engenharia das Forças Armadas, financiado por instituições do Estado e pela binacional Yacyretá.
Se esse é argumento para cassar algum mandatário, não haveria presidente, governador ou prefeito das Américas que poderia escapar, de direita, de centro, de esquerda, de cima ou de baixo. Ademais, não consta que a Constituição paraguaia proíba o presidente ou qualquer outra autoridade de autorizar concentrações de jovens. Aliás, é até saudável que se estimule a participação política dos jovens.
Mais: o evento foi em 2009. Se houvesse irregularidade, caberia ao Congresso ter tomado à época as providências, em vez de esperar três anos para pendurá-lo em um processo “trucho”, como se diz na gíria latino-americana.
A acusação mais fresca, digamos assim, diz respeito, como todo o mundo sabe, à morte de 17 pessoas, entre policiais e camponeses, em um incidente mal esclarecido no dia 15 passado. Diz a acusação: “Não cabe dúvida de que a responsabilidade política e penal dos trágicos eventos (…) recai no presidente da República, Fernando Lugo, que, por sua inação e incompetência, deu lugar aos fatos ocorridos, de conhecimento público, os quais não precisam ser provados, por serem fatos públicos e notórios”.
De novo, a acusação dispensa a apresentação de provas e condena por antecipação o réu, como faria qualquer república bananeira ou qualquer ditadura.
Nem o mais aloprado petista pediu o impeachment do presidente Fernando Henrique Cardoso por conta da morte de 19 sem-terra em Eldorado dos Carajás (Pará), em abril de 1996, no incidente que mais parentesco tem com o que ocorreu há duas semanas em Curuguaty, no Paraguai.
É importante ressaltar que líderes dos “carperos”, os sem-terra paraguaios, disseram que os primeiros disparos no conflito do dia 15 não saíram nem deles nem dos policiais, mas de franco-atiradores.
Enquanto não se esclarecer o episódio, qualquer “ordenamento jurídico” sério vetaria o uso do incidente em qualquer peça de acusação.
Deu-se, pois, o crime perfeito: cobriu-se um processo sujo com o imaculado manto da Constituição.
Helena Vargas
29/06/2012 - 18h12
http://www.americaeconomia.com/analisis-opinion/paraguay-el-golpe-legal-y-la-amenaza-la-democracia-en-latina
Paraguay: el “golpe legal” y la amenaza a la democracia en A. Latina
por Felippe Ramos*
La región latinoamericana vive hoy un proceso de profundización de la democracia hacia su sostenibilidad al largo plazo basada en la fuerza de las instituciones tras décadas de dictaduras militares que llenaron el siglo XX de experiencias autoritarias. Pero hay que recordar que la historia, no solamente del pasado más lejano, sino que también del pasado reciente en Latinoamérica, está compuesta de ejemplos de corte de la institucionalidad democrática a través de golpes más o menos violentos, dependiendo del caso específico en cuestión. De ese modo, la experiencia democrática es todavía un reto y no solamente una realidad incontrarestable. Así es que solamente en el siglo XXI hubo intentos de golpe de Estado en Venezuela (2002), Haití (2004), Bolivia (2008), Honduras (2009), Ecuador (2010) y ahora en Paraguay (2012), en donde los de Haití, Honduras y, probablemente, Paraguay, fueran llevados a cabo con ruido mediático. Lo que es nuevo, tal vez, es la capacidad de los gobiernos de la región de responder de forma concertada en contra de los golpes y en defensa de la legalidad democrática en los países vecinos.
Los golpes tienen distintas razones que tienen que ver con las coyunturas políticas domésticas, es decir, los intereses de tradicionales actores económicos que son desplazados por la llegada al poder de nuevos actores, debido al proceso de desarrollo que cambia las estructuras productivas nacionales y que puede generar conflictos distributivos graves, más allá de la capacidad de respuesta institucional adecuada en la estructura política existente. En ese sentido, un punto común de los distintos golpes o intentos de golpes es la estructura del subdesarrollo latinoamericano. Hace falta comprender, por lo tanto, las razones y rasgos de los sucesos específicos en cada caso.
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El viernes 22 de junio fue sacado del poder el presidente de Paraguay, el ex obispo católico Fernando Lugo, que había sido electo en 2008 con una avanzada agenda de reformas económicas y sociales, entre las cuales se destacaba la reforma agraria planteada por amplios sectores de campesinos. El obispo electo presidente habla guaraní, la lengua indígena oficial de Paraguay, hablada por la mayoría de la población, pero ignorada por las élites del país. La elección de Lugo significó un gran paso adelante para la débil democracia paraguaya que, además de la dictadura de Stroessner (1954-1989) había estado bajo el control del Partido Colorado por 60 años, así como había vivido otro golpe de Estado en 1999, cuando el vicepresidente de entonces, Luis María Argaña, fue asesinado, y el presidente Raúl Cubas fue responsabilizado de los hechos, junto con el otro nombre fuerte de la escena política paraguaya en aquel tiempo, Lino Oviedo. Esos eventos quedaron conocidos como el Marzo Paraguayo. La política paraguaya, en ese sentido, se caracteriza por una fuerte concentración de los poderes y una baja tradición de los sectores populares o de movimientos sociales, cuya población campesina e indígena ha sido fuertemente reprimida siempre que intenta organizarse o hacer protestas callejeras.
Tal concentración política está directamente relacionada con la concentración económica del ingreso. El país tiene una economía poco diversificada, fuertemente basada en el sector agrícola de exportación, con tierras concentradas en las manos de pocos dueños, entre los cuales se destacan los “brasiguayos” -los brasileños que viven en Paraguay y que son dueños de grandes plantaciones de soya-. Ochenta por ciento de las tierras pertenecen a solamente 2% de los dueños de tierras. Esa formación económica del país impide la realización de la reforma agraria, retrasa la organización campesina, enflaquece el surgimiento de sectores urbanos fuertes o de una clase obrera o empresarial destacada políticamente. A su vez, el campo paraguayo es manejado por grandes empresas transnacionales como Monsanto y Cargill, que presionan el gobierno para la aprobación de leyes que sostengan el agro negocio y el uso de semillas transgénicas. Treinta por ciento del PIB proviene del agro negocio, cerca de seis mil millones de dólares por año. Esas empresas funcionan, de ese modo, como lobbies articulados que direccionan, al mismo tiempo que fortalecen, la actuación del Partido Colorado y sectores del Partido Liberal.
La deposición del presidente Lugo es vista, de ese modo, no solamente como un asunto interno del país, sino que como una amenaza a todo el edificio democrático construido en América Latina tras décadas de dictaduras y luchas de los ciudadanos de nuestras sociedades por el derecho de escoger nuestros propios gobernantes.
En esa coyuntura la elección de Lugo fue un acto aislado del resto del sistema político. El mandatario no logró elegir consigo un grupo suficiente de diputados y senadores. Al revés, solamente un diputado y un senador fueran electos por el partido del presidente. El presidente intentó organizar una amplia coalición política para la cual invitó al conservador, pero oportunista, Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), que ocupó ministerios importantes en la administración de gobierno, contando al vicepresidente Federico Franco. La permanencia de los conservadores en puestos clave del gobierno frenaron su capacidad para promocionar los cambios políticos, al mismo tiempo que no pudo ser apoyado totalmente por los sectores más retrasados del campo político.
El vicepresidente Franco, con relaciones fuertes con el agro-negocio, empezó a hacer fuerte oposición al presidente Lugo. La adopción de una política más moderada, en comparación a su agenda original, no fue señal suficiente para que el presidente Lugo lograse un gobierno de coalición como el que hay en Brasil, por ejemplo. Sin las bases necesarias en el Congreso, Lugo no gobernó: importantes proyectos de leyes y la adhesión de Venezuela al Mercosur se quedaron obstruidos en el Congreso conservador. El más importante marco de su administración, la renegociación de las tasas de la central Itaipú Binacional, pagadas por Brasil, fue resultado de negociaciones bilaterales estratégicas con el país vecino, cuya decisión tomó en cuenta la importancia de romper el aislamiento político interno del presidente Lugo.
El gobierno fue, entonces, atrapado en la búsqueda por construir una coalición con los sectores económicos y partidos políticos conservadores para obtener una capacidad mínima de gestión. Esa búsqueda resultó, sin embargo, sin éxito y, al mismo tiempo, alejó las posibilidades de realizar la agenda de cambio social para la cual fue electo el presidente. Tras la masacre del 15 de junio en Caraguaty, por ejemplo, el presidente Lugo intentó apaciguar los ánimos de la oposición nombrando como ministro del Interior a un miembro del Partido Colorado. Ese error estratégico abrió el camino al golpe y alejó los movimientos sociales del presidente. Por eso no fue lograda la movilización rápida de los movimientos sociales para la defensa del presidente y en contra del golpe. Los movimientos tardaron para organizarse o no lo hicieron con la fuerza necesaria para detener el intento golpista.
En un contexto de gran aislamiento interno del presidente, los congresistas fueran capaces, entonces, de articular un golpe sin golpe, es decir, una acción con todos los rasgos de un golpe, pero hecho bajo la Constitución. Es en ese punto que vale a pena una mirada con atención de lo que pasó
La Constitución de 1992 expresa la condición para sacar un presidente de su cargo:
“DEL JUICIO POLITICO
Artículo 225 – DEL PROCEDIMIENTO
El Presidente de la República, el Vicepresidente, los ministros del Poder Ejecutivo, los ministros de la Corte Suprema de Justicia, el Fiscal General del Estado, el Defensor del Pueblo, el Contralor General de la República, el Subcontralor y los integrantes del Tribunal Superior de Justicia Electoral, sólo podrán ser sometidos a juicio político por mal desempeño de sus funciones, por delitos cometidos en el ejercicio de sus cargos o por delitos comunes.
La acusación será formulada por la Cámara de Diputados, por mayoría de dos tercios. Corresponderá a la Cámara de Senadores, por mayoría absoluta de dos tercios, juzgar en juicio público a los acusados por la Cámara de Diputados y, en caso, declararlos culpables, al sólo efecto de separarlos de sus cargos, En los casos de supuesta comisión de delitos, se pasarán los antecedentes a la justicia ordinaria”.
En ese sentido, el procedimiento formal fue respetado en el proceso para quitar del poder al presidente Lugo: el jueves 21 la Cámara de Diputados presentó un libelo acusatorio en contra del presidente por mal desempeño de sus funciones, aprobándolo por 73 votos contra uno, y el viernes 22 el Senado juzgó el libelo y entendió que las acusaciones eran correctas, en una votación por 39 contra 4. El Senado otorgó sólo dos horas para que el presidente Fernando Lugo expusiera su defensa en el juicio político. En dos días, un impeachment fue llevado a cabo, dejando en el poder el vicepresidente, ya adversario político del presidente y apoyado por el Partido Colorado y su propio partido, el Liberal.
La rapidez con la cual el proceso sucedió llevó a analistas y políticos de la región a crear nuevas expresiones para identificar el hecho: golpe de Estado expreso, golpe de Estado parlamentario, golpe bajo la ley, impeachment sin pueblo, son algunas de ellas. Uno de los argumentos de los parlamentarios fue que la Constitución manda las formas de hacer el juicio, y no los tiempos. La razón constitucional, sin embargo, lleva consigo la consideración de que el contenido está más allá de la forma. Así, por ejemplo, hay que tener en cuenta el hecho de que al presidente no se le garantizó el tiempo necesario para defenderse. “En ningún sistema democrático alguien es acusado en un día y juzgado en el otro. Amplia defensa presupone tiempo para conocer la acusación y preparar la defensa”, dijo el experto brasileño Tulio Vianna en el Twitter. Hasta la Organización de los Estados Americanos (OEA), muchas veces alineada con ideologías conservadoras, se pronunció a través de su secretario general, José Miguel Insulza, quien calificó la salida de Lugo de “juicio sumario” y dijo que “aunque formalmente era apegado a la ley, no parece cumplir con todos los preceptos legales del derecho a la legítima defensa”.
Además de eso, hay que tener en cuenta los problemas graves con el libelo acusatorio presentado por la Cámara y cuyo contenido fue poco o nada analizado por la prensa o expertos. El libelo presenta cinco acusaciones que generan vergüenza ajena en quienes las lean. Entre comillas, siguen las acusaciones y luego comentarios necesarios acerca de ellas:
1.1
“En el año 2009, con autorización del Presidente Lugo, se realizó una concentración política de jóvenes en el Comando de Ingeniería de las Fuerzas Armadas, el que fue financiado por instituciones del Estado, incluyendo a la Entidad Binacional Yacyreta. Fernando Lugo, reconoció que la Entidad Binacional Yacyretá financió el encuentro de jóvenes socialistas de la región, llevado a cabo en el Comando de Ingeniería de las Fuerzas Armadas.?Esas instalaciones fueron utilizadas para la reunión de los jóvenes, quienes colgaron banderas con alusiones políticas, llegando a izarse una de ellas en sustitución del pabellón patrio”.
La primera acusación es de que un grupo de jóvenes usaron el espacio de una empresa pública para su encuentro con financiamiento de la actividad. El uso del espacio público con autorización no parece en nada un delito, sino el ejercicio democrático de las garantías al empoderamiento ciudadano y su organización. A depender de la legislación infra-constitucional doméstica, el financiamiento de dicha actividad puede o no ser una infracción administrativa, pero no un crimen que justifique el impeachment del presidente de la República, que fue electo por voto popular.
1.2
“Fue el Gobierno del Presidente Lugo el único responsable como instigador y facilitador de las recientes invasiones de tierras en la zona de Ñacunday. La falta de respuesta de las fuerzas policiales ante las invasiones de supuestos carperos y sin tierras a bienes del dominio privado, solo han sido parte de esa conducta cómplice. Y mientras esas invasiones se producían y se daban a conocer amenazas de otras más en otros departamentos de la República, el presidente Lugo se mostraba siempre con puertas abiertas a los líderes de esas invasiones”.
Aquí se puede responder con los artículos constitucionales que defienden la reforma agraria.
“Artículo 114 – DE LOS OBJETIVOS DE LA REFORMA AGRARIA
La reforma agraria es uno de los factores fundamentales para lograr el bienestar rural. ella consiste en la incorporación efectiva de la población campesina al desarrollo económico y social de la Nación. Se adoptarán sistemas equitativos de distribución, propiedad y tenencia de la tierra”.
Es necesario acordarse de que, aún hoy, 80% de la tierra se queda en manos de 2% de la población. De ese modo, las “puertas abiertas” a los campesinos organizados es un acto presidencial que sigue y se rige por la Constitución a fin de llevar a cabo la justicia en la tenencia de la tierra.
También el Artículo 115, que trata de las bases de la reforma agraria y del desarrollo rural, sostiene que:
“La reforma agraria y el desarrollo rural se efectuarán de acuerdo con las siguientes bases:
1. La adopción de un sistema tributario y de otras medidas que estimulen la producción, desalienten el latifundio y garanticen el desarrollo de la pequeña y la mediana propiedad rural, según las peculiaridades de cada zona.”
Sin embargo, el principal impuesto del país, el IVA, incide solamente en productos con valor agregado y por lo tanto no afectan al agro negocio, estimulando así el latifundio.
Además, otros dos puntos del Artículo 115 subrayan “la programación de asentamientos campesinos” y “la participación de los sujetos de la reforma agraria en el respectivo proceso, y la promoción de las organizaciones campesinas en defensa de sus intereses económicos, sociales y culturales”, lo que deja las “puertas abiertas” a los campesinos como cumplimiento estricto de la carta constitucional y jamás como crimen que sea justificativa para que el Congreso sostenga el impeachment del presidente.
1.3
“El Presidente Lugo ha sido absolutamente incapaz de desarrollar una política y programas que tiendan a disminuir la creciente inseguridad ciudadana. (…) Todos los Miembros de esta Honorable Cámara de Diputados conocemos los vínculos que el Presidente Lugo siempre ha mantenido con grupos de secuestradores, que anteriormente se vinculaban al movimiento-partido Patria Libre y cuya ala militar hoy se denomina EPP. (…) Personalmente, desde luego, manifiesto mi convicción de que el camino de la crisis y el conflicto social y armado no será el producto de negligencia o simple impericia del Presidente sino directamente el objetivo que el mismo ha buscado durante el tiempo que fue obispo y que hoy pretende desarrollar para proyectar y consolidar su anhelo de un régimen autoritario, sin libertades, con la aniquilación de la libertad de prensa y la imposición del partido único que profesan los enemigos de la democracia y los adherentes del socialismo del Siglo XXI”.
El incremento de la violencia tiene causas profundas y complejas en todos los países latinoamericanos, cuyas explicaciones son de orden económica y social, directamente relacionadas a la expansión de la vida urbana y el crecimiento poblacional en un contexto capitalista subdesarrollado, en el cual la propiedad privada históricamente impide el acceso de la mayor parte del pueblo al disfrute del bienestar. Por lo tanto, los conflictos sociales son el reflejo de instituciones políticas incapaces de responder con la consecución de los cambios necesarios en la estructura económica.
La acusación de los vínculos del presidente con grupos guerrilleros sería una razón grave, pero necesitaría de pruebas concretas y jamás lo que dice en otra parte el libelo acusatorio:
“PRUEBAS QUE SUSTENTAN LA ACUSACIÓN? Todas las causales mencionadas más arriba, son de pública notoriedad, motivo por el cual no necesitan ser probadas, conforme a nuestro ordenamiento jurídico vigente”.
Hasta en un juicio político, que por supuesto no es la misma cosa de un juzgamiento común, es necesario un mínimo plausible de pruebas que sostengan las acusaciones que justifiquen la drástica decisión de sacar del poder un presidente, autoridad máxima de la República. Juicio Político, de ese modo, no es igual que “juzgamiento sin pruebas”, sino un juicio -buen juzgamiento basado en la razón- a partir de las pruebas y que tiene en cuenta las condiciones políticas de la República, es decir, la relación entre Constitución y acción presidencial. Como dicho arriba, no hay argumento plausible para decir que una posición política del presidente en defensa de organizaciones campesinas, en un país que necesita de reforma agraria para hacer justicia con el fin propuesto en la Constitución, sería de algún modo una actitud criminosa o inconstitucional. Además, bajo la Constitución, distintas orientaciones políticas son posibles para el gobierno, sea liberal, socialdemócrata o socialista, a depender de lo que decida soberanamente el pueblo a través del ejercicio democrático del voto. No es un Parlamento la persona legítima para decir que, debido a las elecciones políticas del presidente, este debe ser reo de un impeachment. La separación de poderes faculta al Poder Legislativo de mecanismos para frenar las reformas que este poder juzgue inadecuadas para el país -lo que venían haciendo los parlamentarios a través de la oposición de la mayoría al presidente.
1.4
“PROTOCOLO DE USHUAIA II.? Este documento constituye UN ATENTADO CONTRA LA SOBERANÍA de la República del Paraguay y ha sido suscrito por el Presidente FERNANDO LUGO MENDEZ con el avieso propósito de obtener un supuesto respaldo en su descarada marcha contra la institucionalidad y el proceso democrático de la República. (…) El documento firmado en Montevideo, en diciembre de 2011, para remplazar al Protocolo de Ushuaia (Carta Democrática del Mercosur), tiene sus orígenes en un documento previo, presentado ante la Unasur (Unión de Naciones Suramericanas), que fue pergeñado por los presidentes de la región para protegerse unos a otros”.
La acusación cuatro es solamente una manera de los golpistas de protegerse previamente del aislamiento internacional que sería la consecuencia obvia del golpe, como de hecho ocurrió. La profundización de la democracia y de la integración en Latinoamérica, y Sudamérica en particular, dio a los países mecanismos de presión en defensa del orden democrático como las clausulas democráticas -un criterio para la participación en los bloques regionales. Además, si fuera la firma de ese protocolo un criterio para el impeachment del presidente, todos los demás poderes legislativos de países de Sudamérica podrían igualmente promocionar la ruptura del orden para remplazar sus gobernantes de otro modo que no sea a través de las elecciones, lo que pondría la América Latina una vez más en el mapa de las regiones bajo regímenes autoritarios.
1.5
“No cabe duda que la responsabilidad política y penal de los trágicos eventos registrados 15 de junio del presente año, que costó la vida de 17 ciudadanos paraguayos entre policías y campesinos, recae en el Presidente de la República, Fernando Lugo, que por su inacción e incompetencia, dieron lugar a los hechos acaecidos, de conocimientos públicos, los cuales no necesitan ser probados, por ser hechos públicos y notorios”.
Una vez más, vuelven argumentos generales y sin pruebas, un argumento tautológico y vacío para decir que “no es necesario probar porque todos conocen”.
La retirada del presidente del poder de la noche para el día sin derecho de presentación adecuada de defensa y bajo argumentos generales y sin pruebas conlleva a la conclusión de que se trata de un nuevo tipo de estrategia con apariencia legal o constitucional para quitar del poder a gobernantes que, una vez electos por el pueblo en un momento de crisis de hegemonía de los poderes económicos tradicionales, intentan llevar a cabo cambios en la estructura económica, política y social del país.
Por lo tanto, el Artículo 138 de la Constitución protege las acciones del legítimo presidente de Paraguay, Fernando Lugo, que tras un momento de exaltación, intenta organizar un gabinete paralelo para el regreso a la democracia, así como las acciones de desobediencia civil al régimen golpista por parte de la TV pública, que sigue transmitiendo las protestas de la población frente a su edificio.
Artículo 138 – Se autoriza a los ciudadanos a resistir a dichos usurpadores, por todos los medios a su alcance. En la hipótesis de que esa persona o grupo de personas, invocando cualquier principio o representación contraria a esta constitución, detenten el poder público, sus actos se declaren nulos y sin ningún valor, no vinculantes y, por lo mismo, el pueblo en ejercicio de su derecho de resistencia a la opresión, queda dispensado de su cumplimiento.
Junto a eso, los bloques regionales en todos sus niveles (Mercosur, Unasur, CELAC, OEA) siguen correctamente presionando al régimen ilegítimo, a través de la amenaza de suspensión de los bloques y presiones diplomáticas, con el fin de que vuelva atrás en su decisión de suspender el funcionamiento de la democracia en Paraguay. La deposición del presidente Lugo es vista, de ese modo, no solamente como un asunto interno del país, sino que como una amenaza a todo el edificio democrático construido en América Latina tras décadas de dictaduras y luchas de los ciudadanos de nuestras sociedades por el derecho de escoger nuestros propios gobernantes.
* Felippe Ramos es sociólogo, coordinador de la Iniciativa UFBA Latina (INULAT) de la Universidad Federal de Bahía y del Instituto Surear para la Promoción de la Integración Latinoamericana. Fue profesor del departamento de Sociología de la Universidad Federal de Bahía y profesor visitante del Central Arizona College en Casa Grande, Arizona (EE.UU.), como becario de la Fulbright Association. Su área de investigación actual es la integración regional en Latinoamérica y los problemas de la democracia y del desarrollo brasileño y latinoamericano.
Tue, 06/26/2012 – 13:310 Comentarios